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Inicio > Arte y Cultura > Arqueología > Manual > Contacto Hispano-Indígena: El fin de las organizaciones nativas

EL CONTACTO HISPANO INDIGENA EN CATAMARCA
Por: Lic. Rodolfo Cruz
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
Dirección de Patrimonio Cultural
Departamento de Gestión del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico

 

5.- El fin de las organizaciones nativas

El funcionamiento efectivo de las instituciones de control hispano, necesario para la supervivencia de la colonización, tendría efectos nocivos para las unidades sociopolíticas nativas que en forma coercitiva fueron incorporadas al sistema colonial. No hizo falta, como lo señalan sin éxito las interpretaciones históricas tradicionales, que los conquistadores hubieran desvirtuado unas instituciones propiciadas para la conservación del indígena. Nada más alejado de ello, pues la sola presencia de las instituciones, con todos sus elementos legales, era suficiente para provocar la desestructuración del mundo aborigen.

La merced de tierras desarticuló muy profundamente la organización del espacio autóctono. Primero, porque sus cesiones y solicitudes, aunque apelaban a fórmulas que otorgaban el carácter de tierras yermas, vacas o despobladas (tierras vacías), difícilmente tuvieron esa etiqueta en la realidad. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en la merced de Anconquija, otorgada por el gobernador Luis de Quiñones Osorio en 1616 a Sebastián de Loria:

"... Por cuanto por parte del Capitán Sebastián de Loria se me ha hecho relación que en el valle de Anconquija, lo que llaman Pucará, está un pedazo de tierras vacas desocupadas, y se me ha pedido y suplicado por su parte le haga merced... le hago merced de ellas... de un pedazo de tierras que cae en el dicho valle de Anconquija que linda con la estancia y tierras que hice merced antes de ahora al dicho Capitán Sebastián de Loria..." (el subrayado es nuestro. Extractado de Larrouy 1921: IX).

Las tierras catamarqueñas no estaban desocupadas, pues la mayor parte de su territorio constituía ámbitos productivos, y por consiguiente con asentamientos humanos. Aquellas apreciaciones, además de basarse en la necesidad hispana de contar con tierras para su sustento y en su rol de detentadores de la fuerza, se debieron también a los ciclos productivos indígenas.

Estos ciclos agrícolas junto con el control de nichos ecológicos diferentes y alternativos, determinaban que a lo largo del año la intensidad del trabajo se concentrase en determinados meses. Si a ello sumamos que determinados cultivos (en particular los tubérculos) requerían el descanso prolongado de las tierras, es posible que los conquistadores se hayan hecho la imagen (o aprovecharon esas circunstancias) de campos despoblados, para solicitarlos en merced.

Pero la desarticulación más notoria en la comprensión territorial de los nativos valliserranos estuvo dada por la imposición de una nueva organización del espacio, que implicó al mismo tiempo una reformulación profunda en las formas de relacionarse los hombres con la naturaleza. Esta consideración imponía la territorialidad circunscripta (o delimitada) a través de las reducciones o pueblos de indios estipulados por las leyes coloniales para concentrar a la población india, en oposición a la territorialidad salpicada de los grupos étnicos. Su consecuencia fue la separación y la pérdida de los nichos ecológicos y sus producciones.

De esa manera se redujeron no sólo los espacios productivos, sino que toda la gama de alternativas socioétnicas (ayudas mutuas; trueque; redistribución centralizada; tráfico caravanero comercial; acceso por familia extensa, etc.) que se ponían en juego para lograr una complementariedad económica tendían a desaparecer en forma violenta. También desde el plano de la cosmovisión aborigen el golpe no podía ser menos duro, pues un espacio organizado en forma productiva refería la organización de los hombres en sociedad, y el diálogo humanos-naturaleza-dioses. Así, el territorio indígena pasaba a ser un área con sus límites perfectamente demarcados, al igual que el de los peninsulares. De la misma manera que con la conquista incaica los nativos debieron aprender que su autonomía en materia territorial no dependía de sus pareceres. Esta constatación llevó a la construcción de una legislación particular, en especial para discriminar la propiedad comunal indígena de la propiedad privada española, y para evitar la apropiación deliberada de la primera.

De acuerdo a lo hasta aquí señalado cabría preguntarse si en esa nueva territorialidad se constituyeron las comunidades indígenas coloniales. En realidad el interrogante justo sería, ¿se conformaron los pueblos de indios?. Para contestarla es casi una obligación el análisis de las otras instituciones de sujeción indígena. Antes una pequeña acotación sobre la tierra; en una región cuyas características fitogeográficas giraban sobre la aridez y la semiaridez, la producción agropecuaria sólo podía realizarse mediante el riego artificial.

En muchas mercedes de tierra de finales del siglo XVI, el área que se cedía incluía las tomas de agua de ríos y arroyos de donde se surtían acequias y predios. A modo de ejemplo referimos un litigio por aguas, que salió a luz en la Visita (Censo General de población indígena) ordenada por el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta para toda la gobernación, luego del último levantamiento calchaquí.

En este pleito los indios del pueblo de Villapima solicitaron la intervención de las autoridades para solucionar sus problemas con su encomendero, propietario de la estancia de Capayán. La cuestión era que en este caso, que no fue una excepción, se habían reunido en el primer beneficiario a fines del siglo XVI tierras e indios (merced de tierras y encomienda). En esa merced, de la cual también fue beneficiado Alonso de Tula Cervín en 1592, se expresaban sus límites:

"...que la dicha estancia cayese una legua por cima del dicho pueblo de Villapima río arriba y tuviese tres leguas de largo y legua y medio de ancho cogiendo el medio del anchor del río..." (citado por Montes 1961: 22).

No sólo se les apropió de parte de las tierras, sino también de la mitad del agua, y de acuerdo a la descripción, el “... por cima del dicho pueblo...” implicaba perder las cabeceras de riego. Así, se perfilaban para los indígenas graves problemas en la producción de alimentos, ya que el riego estaba sujeto más a relaciones de fuerza en el contexto local, que a normativas legales de la administración colonial. Más tarde el monopolio hispano del agua, a partir del control de las vertientes, funcionará como un mecanismo de regulación social.

La cuestión territorial era sólo uno de los puntos en que se asentaba la organización colonial en estas regiones. Para que la tierra entrara en producción efectiva había que anexarle la otra parte del binomio: la fuerza de trabajo. Tanto por escasez de brazos hispanos, por el concepto de trabajo vigente, como por el rol de dominadores, la mano de obra fue por un largo tiempo casi completamente indígena. A partir de las encomiendas, no sólo se ponía la piedra basal para el desarrollo productivo de la zona, sino que en forma simultánea se diluían las particularidades étnicas tras la consideración general de indios.

De manera paralela al otorgamiento de mercedes de tierra o encomiendas se realizaba la entrega, solicitud mediante, de una encomienda de indios o mercedes de tierra. El parelalismo en muchos casos constituyó tan sólo una fórmula, puesto que los conquistadores una vez que tenían asegurado la encomendación de una etnia, pedían tierras vacas y despobladas que, casualmente correspondían a los mismos territorios nativos que gozaban en encomienda. El planteo inverso también fue usual para apropiarse muy rápidamente de tierra y fuerza de trabajo. El caso que analizamos más arriba de los villapimas fue claro ejemplo de ello, al igual que otros similares como el de los yocangastas (en el actual San Pedro, departamento Capayán) encomendados a fines del siglo XVI a Pedro de Soria Medrano, beneficiario de tierras en el mismo sitio.

Esta situación que vulneraba la autonomía política-económica de las entidades étnicas se cristalizó mejor en territorio catamarqueño en toda la extensión del Valle de Catamarca y en la zona este. En estos casos, y a pesar de que los españoles no fundaron una ciudad que funcionase como polo de atracción de población, las cercanas jurisdicciones de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán, primero, y La Rioja, más tarde, dotaron a esta área de una dinámica poblacional propia. En especial con la fundación de La Rioja en 1591, se completó desde allí la entrega de mercedes de tierra y encomiendas de la porción central del Valle de Catamarca.

En cambio la zona oeste, después de la primera experiencia fallida de San Juan Bautista de la Rivera de Londres de 1558, lograría una consolidación luego de la refundación de la misma ciudad en 1607. En buena medida se fortaleció la organización administrativa que años antes se empezó a realizar desde la novísima La Rioja. De todos modos la ocupación poco sistemática no fue obstáculo para que el área oeste y sus habitantes hayan sido categorizados como indios, tras su reparto en encomiendas y la entrega de sus tierras. Pero en muchos casos, por las propias condiciones de colonización, la integración de la población autóctona al sistema colonial fue más legal que real.

Muy pocos españoles del oeste podían proclamar que sus unidades de producción agropecuarias recibían la asistencia cierta de los indios encomendados. Más bien lo usual era la participación muy alternada de aquellos, y el uso de la violencia física de los encomenderos para asegurar la mano de obra en sus tierras fincadas. Un contexto de incómodas relaciones, que no aseguraban la autonomía de ninguno de los sectores en disputa (encomenderos e indígenas), fue la norma hasta el estallido de la gran rebelión en 1630.

Asimismo no todo el oeste provincial actual formó parte de aquellas jurisdicciones. Tan sólo los valles y quebradas, al igual que sus pueblos, eran los ámbitos donde se movieron y apropiaron de recursos los europeos del Tucumán colonial en esta zona. La región de puna no sería ocupada por catamarqueños hasta muy entrado el siglo XVIII. Desde un inicio había sido dominio minero (la mina de Nuestra Señora de Loreto de Ingaguasi) y administrativo de las autoridades del Corregimiento colonial de Atacama. Aun en términos de identidades étnicas ese espacio en el período prehispánico y colonial fue un fuerte asentamiento de indígenas atacameños kunsa-hablantes.

Como ya lo señalábamos con la encomienda se completó el binomio tierra-fuerza de trabajo indígena que definió a las unidades productivas españolas. También aseguró la sujeción y la pérdida de autonomía comunitaria, ya que en el siglo XVI el tributo no se tasará, es decir no se fijará una equivalencia en moneda, en trabajo o en especie que fijase lo que los indígenas debían dar a sus encomenderos, y por consiguiente lo que éstos podían exigir.

En este sentido el tributo quedaba librado al arbitrio de los encomenderos. Así, éste podía determinar las exigencias, que debido a la escasez en toda la gobernación del Tucumán de circulante monetario, tendieron a producir una renta en base a servicios personales de sus encomendados o en trabajo materializado en productos; en síntesis lo mismo. ¿Qué era el servicio personal?. En principio una recreación local de las relaciones de producción de la Europa medieval entre señores feudales y siervos.

No por casualidad a los encomenderos de la gobernación se los denominaba feudatarios; los indígenas cedían jornadas de trabajo que el beneficiario las ocupaba en múltiples actividades. Desde el servicio doméstico en la casa principal, la fabricación artesanal de determinados productos, el cuidado del ganado mayor y menor, hasta el cultivo de las parcelas, eran algunas de las labores que de sol a sol debían cumplir los encomendados.

A diferencia de los siervos europeos, los indígenas no realizaban estas tareas en razón de su acceso precario a las tierras de los encomenderos. Nada más alejado de ello, pues la encomienda no significaba asignación de tierras, sino de mano de obra indígena. Es decir que los grupos étnicos encomendados cedían su trabajo (y a veces bienes), pero no sus parcelas de cultivo ni sus campos de pastoreo. ¿Fue esto realmente así?.

Mencionábamos anteriormente que una de las estrategias de los encomenderos para asegurarse tierra y fuerza de trabajo consistía en obtener la encomienda y luego solicitar la merced de tierras de esos mismos indios, alegando despoblación. Por este camino la propiedad comunal indígena no se constituirá en tierras propias; más adelante analizaremos este punto.

En los casos en que esta situación no se daba, la sumatoria de servicios personales dejaba muy poco tiempo para la atención de los predios. Al no existir una tasación las actividades que los indígenas realizaban a cuenta del tributo carecían de una uniformidad por período; dependían de los emprendimientos económicos de los encomenderos.

De este modo, anualmente, los indios fueron pasibles de ser utilizados en las oportunidades que brindaban los mercados coloniales en crecimiento, regionales y extraregionales. Los viajes (arrierías y fletes) conduciendo producciones de los feudatarios; el alquiler de indios a otros españoles para trabajos ocasionales; la venta de los mismos como esclavos; y las muertes producidas por castigos físicos, consumían los tiempos y los recursos de las etnias.

El debilitamiento de las estructuras demográficas indígenas por sobre-explotación y alimentación deficiente fue el resultado más palpable del contacto hispano-indígena, descontadas desde ya las muertes producidas por las guerras iniciales. Bastó que a estos causales se sumara la aparición de enfermedades nuevas (gripe, viruela) para que el choque biológico se transformase en epidemia y crisis demográfica. El gobernador Juan Ramírez de Velasco, uno de los primeros funcionarios que tenía intención de regular en forma coherente el trabajo indígena, expresaba en 1591:

"... Ha sido el año muy estéril por haberse helado todo el algodón, que es la planta de esta tierra, y haber estado el pasado los indios de peste. La visita de esta tierra no se ha comenzado porque ha dos años que no cesa pestilencia entre los naturales, y han acudido tan mal los temporales que se ha padecido necesidad de comida..." (extractado de Larrouy 1923: 3-4).

Los ajustes a las arbitrariedades de la empresa encomendil tuvieron sus frutos en las Ordenanzas del gobernador Gonzalo de Abreu en 1576. Si bien esas medidas perseguían la regulación de las relaciones laborales entre encomenderos y encomendados junto con la paulatina desmonopolización de la mano de obra, lograron legitimar también el servicio personal y sus efectos sobre las etnias.

Así, y a pesar de establecer la edad de los tributarios (hombres entre 15 y 50 años), el análisis de las Ordenanzas revela que ningún grupo etáreo, tanto de sexo femenino como masculino, quedaba libre de las obligaciones laborales a los encomenderos. En el caso de aquellas encomiendas especializadas en la producción de textiles, como las catamarqueñas, el trabajo de las mujeres ocupaba el mismo tiempo que el de los hombres.

En esas verdaderas fábricas artesanales (llamados comúnmente obrajes), los tejidos se convirtieron en un producto preciado por su carácter de moneda de la tierra (por falta de metal) en las transacciones comerciales. Por este motivo, los encomenderos prefirieron muchas veces alimentar y vestir a sus sujetos, al tiempo que asignaron en sus propiedades, parcelas para las familias indígenas.

Una regulación adicional que incluyeron las Ordenanzas de Abreu de 1576 estuvo referida a otra institución colonial, originada en una categoría laboral prehispánica, la mita o el turno rotativo de trabajo. En base a ella los encomenderos podían separar una décima parte de su población tributaria, que se renovaba por turnos, para el trabajo en la casa principal del feudatario, para las actividades de otros encomenderos, para la construcción de obras públicas, o para beneficio del clero regular o secular.

Muchas veces también se utilizó esa fuerza de trabajo en calidad de indios amigos que engrosaron los ejércitos hispanos que reprimieron los focos indígenas rebeldes que persistían en la región. En el Gran Alzamiento de 1630 los indios amigos tuvieron un papel destacado, ya que sin su colaboración el conflicto habría durado más tiempo. Todas estas disposiciones, si bien atenuaron la tradicional mita al encomendero, que constituía una falacia dado que las actividades ya estaban comprendidas en los servicios personales, terminaron legalizando el alquiler de indios en oportunidades varias.

Recién en 1611, con las Ordenanzas del Oidor Francisco de Alfaro, funcionario de la Real Audiencia de Charcas (actual Sucre), se reglamentó en forma más justa el funcionamiento de las encomiendas. Una cita del propio Oidor, aclara con crudeza lo que venimos examinando, sin privarse de recriminar los silencios de autoridades locales y clérigos:

"... es de espantar la disimulación de excesos de esta tierra que aunque se han escrito muchos a Vuestra Magestad son los menos, porque al fin son particulares, pero lo que me espanta es que ni hombre ni mujer de ninguna edad estuviese reservado al menos en efecto, ni casamiento hubiese libre, ni mujer con marido, sino todo dependiente de la voluntad del encomendero u de otro poblero que es la más mala gente que el mundo tiene..." (extractado de Larrouy 1923: 34).

Lo interesante de estas nuevas normativas fue que se tuvo en cuenta la opinión de los indígenas, pues previa a su redacción se realizó una Visita (censo general de población india, en particular la tributaria) para averiguar los agravios y vejaciones que soportaban los grupos étnicos. Con esta información se elaboró un ordenamiento jurídico que estipuló un tributo monetario.

Con aquella disposición sobre el tributo en moneda se buscó librar a los indígenas de la sobrecarga de trabajos incluidos en el servicio personal (que también fue prohibido), pretendiendo desligar a la mano de obra de la sujeción al encomendero. Se intentó quebrar el monopolio que ejercían los feudatarios, y transformarlos en simples recaudadores de tributos. De manera simultánea se buscó formalizar la existencia de pueblos de indios (a semejanza de los pueblos españoles) a través de normativas sobre localización, distancia entre el asentamiento étnico y el del encomendero, y autonomía comunitaria sin injerencia presencial de los feudatarios y sus administradores de la empresa encomendil. En 1613 el escribano de la gobernación, Gregorio Martínez Campusano, daba cuenta del cumplimiento de las ordenanzas por parte del gobernador Luis de Quiñones Osorio:

"... ha ido y va quitando el servicio personal de los indios, haciendo que se les pague por sus encomenderos y personas a quien sirven lo que se les debe.- Y se les pregunta si quieren estar de su voluntad a los tales indios que sirven a sus encomenderos y otros españoles y están ocupados en otros ministerios o si quieren ir a sus pueblos y reducciones a pagar en ellos la tasa a los dichos sus encomenderos y los que de su voluntad quieren servir a los españoles se les manda pagar conforme a las dichas ordenanzas y lo que ellos se conciertan [alquilan] de la dicha su voluntad y a los indios e indias que se quieren ir a los dichos sus pueblos y reducciones se les da por el dicho gobernador licencia para ello, de suerte que no hay servicio personal..." (extractado de Larrouy 1923: 41).

Estas medidas sobre los pueblos de indios (también llamados reducciones) sentaron precedente para la constitución de las comunidades indígenas, y fundamentalmente alertaron sobre la evolución de la propiedad comunal. La existencia de pueblos de indios, para todo el Tucumán colonial, devino de dos situaciones. Por una parte, como producto de cláusulas formales insertas en las cédulas de otorgamiento de las encomiendas.

Por otra parte, mediante actos de la administración colonial. Esta última medida fue excepcional hasta la primera mitad del siglo XVII, siendo más frecuente en la segunda mitad de ese siglo. Lo común era la reducción de los indios en tierras de los encomenderos debido a que éstos necesitaban contar con mano de obra en forma constante para sus emprendimientos.

Pero tan sólo ese asentamiento se convirtió en pueblo cuando las leyes sobre encomiendas los obligaban a empadronar a sus sujetos, a fin de no perderlas. Aun así la cesión de tierras del feudatario fue un ardid deliberado, pues sus múltiples propiedades ubicadas en diferentes zonas de la jurisdicción catamarqueña, requirieron de un traslado continuo de los indios.

De esta manera, si bien los grupos étnicos agregaron tierras en propiedades del encomendero, alternativas a las que poseían en sus territorios ancestrales, en ninguno de los casos pudieron constituir pueblos de indios. Sus "amos" los movilizaban a otros predios de acuerdo a la intensidad del trabajo agropecuario. En este sentido la nueva territorialidad nativa, como resultado del contacto con el español, fue itinerante y con una fuerte dependencia de los ciclos productivos de las fincas, chacras y estancias de los encomenderos.

Es decir que, anualmente debían circular por diferentes parcelas y campos sin posibilidad de lograr un asentamiento efectivo. Las consecuencias más visibles de estos mecanismos coloniales llevaron a la pérdida paulatina de la propiedad comunal, por la falta de tiempo para atenderla. Dieron así oportunidad para que otros encomenderos o particulares españoles hayan intentado una sutil presión agraria para apoderarse de las tierras, alegando despoblación.

Con este panorama no terminarían los problemas, pues ¿qué sucedía cuando se acababan las encomiendas gozadas por 2 o 3 vidas por una familia de encomenderos?. Como los indios se encontraban en alguna de las propiedades de sus ex feudatarios, hasta que se cubriese la vacante, los herederos de aquel podían desalojarlos al realizar la partición sucesoria de los bienes; en el mejor de los casos los derechos de posesión y la apelación a la cláusula de encomienda que establecía una cesión de tierras, les permitió a los indígenas la defensa judicial y la constitución de un pueblo de indios. No obstante nada impidió, salvo la legislación nunca cumplida totalmente, que el nuevo encomendero los volviese a movilizar en forma cíclica.


1.- Introducción
2.- La organización del espacio territorial
3.- El proceso de conquista
4.- Las instituciones de la dominación
5.- El fin de las organizaciones nativas
6.- Las respuestas indígenas
RESUMEN
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
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